El aviso legal de una página web

La gran mayoría de páginas web requieren un aviso legal que recoja los datos de sus administradores y demuestre que sus actividades se rigen por la ley vigente. Actualmente existen diferentes organismos y páginas web con valiosa información al respecto. Incluso es común encontrarse con generadores de avisos legales sin ningún coste que suelen ser suficientes para ciertos tipos de proyectos. Sin embargo, nunca está de más estar informado exactamente sobre la legislación vigente y, especialmente, sobre lo que hay que incluir en un aviso legal.

Cualquier proyecto online que genere algún tipo de ingreso a sus administradores, ya sea en forma de compraventa, o de publicidad y patrocinio, requiere un aviso legal. La legislación española recoge estos requerimientos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, más conocida como LSSI-CE. También son relevantes el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD), en vigor desde 2018 y  la legislación de defensa de los consumidores.

Si se almacenan de alguna manera datos personales (formularios de registro, etc.), siempre será obligatoria una mención a la política de privacidad de los datos y a la recogida de cookies (documentos que pueden agregarse a la página web por separado). Con excepción de páginas de organizaciones sin ánimo de lucro, como ONG, partidos políticos o sindicatos –exentos de cumplir esta normativa–, se puede decir que en la mayoría de casos se requiere un aviso legal.

En caso de que la actividad de la página tenga relación con otros países de la Unión Europea, la LSSI se aplica de forma conjunta con las normas vigentes del Derecho Internacional Privado. Para una información más detallada, se puede consultar la normativa completa vigente en la página informativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. Esta normativa tiene como objetivo regular las condiciones de uso del sitio y asegurarse de que los usuarios tengan acceso a los servicios de una página web, no solo para garantizar la comunicación entre las partes, sino también para contar con la seguridad de que, en caso de una disputa legal, existirá un interlocutor real –lo que compete especialmente a las tiendas online.

Hay que puntualizar, sin embargo, que todas estas recomendaciones, o las que se encuentran en Internet, no sustituyen una cita con un asesor legal en caso de que se tengan dudas o se quiera ir sobre seguro. Hay variables que en ocasiones pueden ser origen de malentendidos. Aun así, la normativa vigente reconoce estos posibles errores y otorga un margen para su subsanación antes de aplicar sanciones.

Si una página web genera ingresos por medio de actividades comerciales o de forma indirecta mediante contratos de publicidad, al margen del volumen de ingresos que generen, será necesario contar con un aviso legal. Así también si se recaban datos, se instalan cookies o se contratan productos o servicios. Esto incluye también el uso de redes sociales como Facebook o Twitter con fines de marketing o el ejercicio de la actividad comercial a través de la plataforma de otro proveedor: también aquí ha de figurar un aviso legal para su oferta que contenga los mismos datos que el aviso legal de su página de empresa.

El apartado Términos o Condiciones de uso permite el acceso permanente a los datos de contacto de los propietarios de la web y se encabeza siempre por la ley en virtud de la cual se elabora. Según el artículo 10 de la LSSI-CE se debe mencionar:

• La denominación social del titular de la web, domicilio y datos de contacto.
• El código de identificación fiscal (CIF) o Número de identificación fiscal (NIF).
• Los datos de inscripción en el Registro Mercantil si fuese el caso.
• En el caso en que la actividad que se ejerza precise de una autorización administrativa previa, los datos relativos a la misma y los identificativos del órgano encargado de su supervisión.
• Si se ejerce una profesión regulada, los datos del colegio profesional y el número de colegiado, el título académico y el Estado de la Unión Europea en que se expidió, la correspondiente homologación (en su caso) y los códigos deontológicos aplicables al ejercicio de su profesión.
• Información sobre el precio de los productos, indicando si se incluyen o no los impuestos aplicables y los gastos de envío.
• Los códigos de conducta a los que se esté adherido y la forma de consultarlos electrónicamente.

Estas serán necesarias en el caso de que se lleven a cabo contratos online. En un paso previo al proceso de contratación se debería informar entre otros aspectos, sobre:

• Los trámites que deben seguirse para contratar online
• Si el documento electrónico del contrato se va a archivar y será accesible
• Los medios técnicos para identificar y corregir errores en la introducción de datos
• Los idiomas en que podrá formalizarse el contrato

Las consecuencias de publicar un aviso legal incompleto, del incumplimiento de la normativa vigente o, incluso, de su no publicación pueden significar un desembolso considerable. Según el artículo 39 de la Ley 34/2002, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y pueden suponer una multa de entre los 600 y los 600 000 euros. Una infracción leve la podría constituir, por ejemplo, no informar sobre el NIF o los códigos de conducta a los que está adherida una web. Por otra parte, no dejar claros los términos de concursos y promociones puede generar una multa de hasta 30 000 euros.

Las infracciones graves incluyen el envío masivo de spam no autorizado, la resistencia o negativa a inspecciones de la administración o no facilitar a los usuarios las condiciones generales antes de iniciar la contratación de un servicio informático. La multa para este tipo de infracción puede ascender hasta los 150 000 euros. Las infracciones muy graves se pueden penalizar con una multa de hasta 600 000 euros. Estas engloban el incumplimiento de los requerimientos de un órgano administrativo como consecuencia de alguna de las infracciones mencionadas anteriormente.

Por su parte, las infracciones de la Ley de protección de datos, recogidas en el artículo 83 del RGPD y concretadas en la nueva LOPDGDD en los arts. 71 a 74, también pueden acarrear inconvenientes.

El mencionado artículo del RGPD articula las condiciones que determinan la imposición de sanciones administrativas y su cuantía máxima, establecida en función del artículo infringido:

• 10 000 000 de euros como máximo o el 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior si es una empresa para las infracciones recogidas en el art. 83.4;
• 20 000 000 de euros como máximo o el 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior si es una empresa para las infracciones de las disposiciones recogidas en el art. 83.5.

Es interesante observar que la LOPD concreta y amplía los supuestos que se considerarán infracciones, que se distinguen en muy graves (o incumplimientos sustanciales), graves (vulneraciones sustanciales) y leves (vulneraciones formales). Las sanciones se cuantifican en función del caso individual y teniendo en cuenta lo recogido en el art. 83.2 del RGPD.

Es preciso subrayar que estas infracciones y sus correspondientes sanciones afectan no solo el bolsillo del administrador de una web, sino también a la imagen pública de una marca o empresa –en particular, de cara a sus clientes. Hoy día es común que varias páginas web compartan sus avisos legales y, aunque esto puede funcionar en algunos pocos casos, no es del todo recomendable. Si estás pensando en crear una página web, nunca estará de más dedicarle el tiempo necesario a un elemento de tan relevancia para la salud de la página web y de la reputación de tu proyecto.

Afortunadamente, es posible encontrar en la red modelos gratuitos que se pueden descargar, así como generadores automáticos de avisos legales que suponen un ahorro de inversión y de problemas a futuro. Asimismo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad pone a disposición de las empresas recursos y herramientas muy valiosos. Con todo esto, se recomienda una vez más acudir a una autoridad competente para revisar el texto final antes de su publicación, dada la gran cantidad de variables que influyen en su redacción y la gravedad de las consecuencias que un texto mal redactado o erróneo podrían ocasionar.