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Fallo a favor de la accesibilidad web: el caso Winn-Dixie

La cadena norteamericana de supermercados Winn-Dixie se ha visto en todas las portadas y no precisamente por sus ofertas. Ha sido un consumidor quien ha puesto entre las cuerdas a este gigante con establecimientos por todo el sureste estadounidense al demandar a la empresa por no poder comprar en su web, que no estaba adaptada para invidentes que, como él, utilizan software especial para discapacitados. En un juicio que podría sentar precedente, Juan Gil, residente en Florida y que consulta a diario Internet gracias a la navegación por teclado y a un lector de pantallas, ha sido la primera persona en demandar a una empresa por no tener una página web accesible. El juez Robert Scola ha considerado que, con ello, Winn-Dixie estaba incumpliendo con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades o Americans with Disabilities Act (ADA), vigente desde 2008.

Juan Gil, cuya ceguera está reconocida legalmente, utiliza, como tantas otras personas, un software especial que “lee” en voz alta los textos de las páginas web. Este procedimiento suele funcionar sin trabas la mayoría de las veces si las páginas están adaptadas para este tipo de programas, pero al visitar www.winndixie.com Juan Gil se encontró con que el programa no podía traducir los textos en algo que él pudiera escuchar. Esto significaba que la página web no cumplía con la normativa de las Pautas de Accesibilidad de Contenido web 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, WCAG) recomendadas por el consorcio W3 en 2008, por lo que el demandante no pudo utilizar el servicio de compra online ni consultar los horarios de apertura de la tienda y se sintió discriminado. Esto le llevó a interponer una demanda pionera. En el juicio se trató de probar si la página web de Winn-Dixie debía supeditarse a la ADA o estaba libre de ello.

Nota

Tener en cuenta las WCAG en el diseño de una página web no solo evita la discriminación de determinados grupos de usuarios, sino que también se ajusta a la moderna optimización para los buscadores.

¿Qué es la ADA y a quién protege?

La Ley para Estadounidenses con Discapacidades data de 1990 y tiene como objeto proteger a las personas con discapacidad de la discriminación en el espacio público por su incapacidad. Esta ley regula el trato igualitario en cuestiones de empleo (Title I), igualdad de derechos por parte de los organismos públicos (Title II) y accesibilidad a albergues, restaurantes y teatros de titularidad pública así como a establecimientos privados (Title III). Originariamente, la ADA se refería a «accesibilidad» como el acceso al espacio público adaptado, pero con el paso del tiempo ha proliferado su uso también en el contexto web.

Para el fallo del tribunal que estudió la demanda fueron determinantes estas preguntas:

1. ¿Es la página web de Winn-Dixie una oferta pública como se define en el Title III?

2. ¿Fue imposible para el demandante utilizar el servicio en toda su amplitud?

3. ¿Puede la empresa afrontar los cambios requeridos en un marco razonable?

¿Por qué falló el tribunal a favor del consumidor?

En relación con la primera pregunta, el hecho de que Winn-Dixie también gestionara tiendas físicas fue decisivo, pues, según consideró el juez, la página web está estrechamente ligada a las tiendas físicas y para muchos clientes constituía la primera toma de contacto con las tiendas. Esta razón fue esgrimida también en un proceso contra la cadena de ropa Target hace más de diez años. Sin embargo, esto no significa que cualquier página web que tenga trato con clientes haya de supeditarse a la ADA: en el pasado, algunos tribunales norteamericanos ya consideraron que páginas estrictamente online como Facebook o YouTube no deben regirse por la ADA.

Tal y como establece la ley de igualdad, cualquier persona con discapacidad ha de poder utilizar bienes, instalaciones, privilegios, ventajas y hospedaje en la misma medida que cualquier otra persona sin discapacidad. Gil argumentó ante el juez que le resulta mucho más cómodo solicitar medicamentos online por privacidad y porque son más baratos. A ello se suma que las personas con discapacidad visual no pueden descargar los cupones descuento de la página. Es así como para el tribunal también se respondía a la segunda pregunta y situaba al demandante ante una situación clara de discriminación.

La única defensa que pudo argüir Winn-Dixie fue su supuesta incapacidad para afrontar los gastos ocasionados por una remodelación de la página web como la exigida, así que presupuestó la reforma en unos 250 000 dólares. Para el tribunal la cifra no implicaba en absoluto una dificultad para la empresa, dado que recientemente había gastado siete millones de dólares en el relanzamiento de la página. La declaración de un perito independiente en accesibilidad web fue algo decisivo para el juez, ya que fijó el precio de la reforma necesaria en unos modestos 37 000 dólares. El fallo obligó así a Winn-Dixie a adecuar a la página web a las WCAG 2.0 y a pagar los gastos legales del demandante (Winn-Dixie ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia).

La accesibilidad web en España

En Estados Unidos la situación legal es aún objeto de controversia. Hasta el momento solo se ha fallado en casos aislados si la ADA puede aplicarse a la oferta online, de forma que las sentencias varían como difieren los jueces. El Departamento de Justicia estadounidense aún no ha emitido normas claras respecto a la accesibilidad en páginas web, aun cuando se trabaja en su proyecto desde hace siete años.

En España se han publicado diversas leyes que, desde 2002, fomentan la implementación de la accesibilidad web en cualquier página de las administraciones públicas y desde 2008 en todas aquellas empresas de especial trascendencia económica. Estas empresas son, según establece el artículo 2 de la Ley 56/2007 de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, aquellas con más de cien trabajadores o con un volumen anual superior a los 6 millones de euros, amén de operar en sectores comerciales como los que oferten servicios bancarios, de suministro a consumidores (agua, gas, luz), de agencia de viajes, de transporte de viajeros o de comercio al por menor. Sin embargo, y a pesar del régimen de sanciones establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que deroga la Ley 49/2007, de 26 de diciembre (régimen de sanciones), aún son muchas las páginas que no siguen la Norma UNE 139803:2012 actualizada en 2012, de forma que hoy equivale por completo a las WCAG 2.0 y que define las pautas de accesibilidad en España.

Las sentencias que se han fallado en Estados Unidos podrían constituir el punto de partida de un cambio de mentalidad necesario que concibe Internet como una parte fundamental de la vida de todas las personas, también de aquellas con alguna discapacidad física o intelectual. Cabe suponer que la accesibilidad irá ganando importancia para la justicia en los próximos años.

La accesibilidad web define al conjunto de normas que ha de permitir el acceso a las páginas web a las personas con algún tipo de impedimento. Los usuarios con alguna incapacidad auditiva o visual dependen a menudo de funciones y estructuras que aún no se consideran estándares oficiales en la creación de las páginas web y sus contenidos. El texto, por ejemplo, debe poder leerse mediante lectores de pantalla, de forma que puedan emitirse con voz o por lenguaje Braille. Asimismo, las normas de accesibilidad web definen que los usuarios con dificultades visuales deberían poder intuir el contenido visual por medio de un texto alternativo que pueda ser procesado por un determinado software. Los archivos de audio o de vídeo deberían ir acompañados, del mismo modo, de un pie de foto para facilitar la comprensión también a aquellos lectores con dificultades auditivas.

Público Objetivo Usabilidad